La pandemia ha demostrado que, pese a los esfuerzos de gobiernos como el de Aguirre y sucesores por debilitar la sanidad pública, el sistema sanitario ha sabido responder, contener y amortiguar buena parte del impacto de la COVID-19 sobre la ciudadanía.
Han existido situaciones dramáticas, especialmente en las residencias, pero también en el colapso de la asistencia hospitalaria, o en las dificultades experimentadas para mantener el ritmo de diagnósticos, tratamientos y operaciones, lo cual ha contribuido a que las listas de espera hayan aumentado y que muchas personas hayan sufrido retrasos letales al no diagnosticarse con rapidez sus enfermedades.
En el propio tratamiento de la pandemia hemos visto cómo las labores de rastreo han sido muy deficientes, los cierres de camas hospitalarias han pasado factura, la escasez de camas UCI, o de recursos como los respiradores, han producido situaciones dramáticas, muertes que podrían haberse evitado.
Ayuso nunca ha asumido sus responsabilidades y, pese a haber soportado cifras de mortalidad, incidencia acumulada, o niveles de ocupación de camas UCI muy superiores a las de otras comunidades, siempre ha mantenido la improvisación interesada, cuando no las iniciativas de gasto inútil y desbocado en su ejecución.
Un ejemplo de este desastre ha sido la construcción del Hospital de Campaña Zendal, en lugar de reforzar los dispositivos públicos existentes, o la recuperación de los dispositivos materiales cerrados, o los efectivos humanos recortados. La incongruencia ha llegado hasta el punto de desviar recursos necesarios de los hospitales públicos para poner en marcha el nuevo centro.
Los expertos y profesionales sanitarios, las organizaciones sindicales han reclamado siempre rigor y seriedad en el combate contra la pandemia, desarrollando aquellas medidas que han demostrado ser eficaces en la contención de la pandemia. Han exigido, sin éxito, la reapertura inmediata de los centros de urgencias y los consultorios de atención primaria que fueron cerrados a cal y canto, poniéndolos a pleno rendimiento con nuevos recursos humanos para hacer frente a la campaña de vacunación con recursos propios y sin derivaciones innecesarias a empresas privadas.
Es muy llamativo que el gasto sanitario por habitante sea de 1340 euros/año en Madrid, uno de los más bajos de España, donde la media es de 1486 euros y hay comunidades que superan los 1600.
Cualquier profesional y cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que el secreto de nuestra salud radica en una buena atención primaria que prevenga la enfermedad, pero en Madrid esa Atención Primaria supone poco más del 10% del Presupuesto sanitario, el porcentaje menor de toda España, cuando debería suponer uno de cada cuatro euros de gasto.
Estos datos contrastan con el aumento indiscriminado de la derivación de recursos de todo tipo a empresas privadas y el papelón de la Comunidad Madrileña como buque insignia de la promoción de los intereses de la sanidad privada, con la que ha contratado todo tipo de servicios.
La pandemia va cediendo, aunque los descuidos actuales, las relajaciones irresponsables de algunas medidas de seguridad, pueden aún producir algunos sustos de repunte, como está ocurriendo en otros países de nuestro entorno. Llega el momento de la presentación del Proyecto de Presupuestos para el año 2022 y puede parecernos que la subida de un 8´6% en el gasto sanitario puede ser un avance muy importante, como intentan contarnos desde el Gobierno Regional.
Madrid va a gastar más que nunca en Sanidad, 8073 millones de euros. Sin embargo este dato no puede esconder que seguimos a la cola en gasto por habitante, donde no mejoramos nada, Hasta el punto de que seguimos siendo la comunidad que menos gasta en sanidad por habitante.
Simplemente para alcanzar la media, deberíamos invertir más de 2000 millones de euros más en sanidad. La escasez de recursos en Atención Primaria, sigue siendo una constante dramática. Por otro lado seguimos sin conocer la cantidad de recursos económicos que de estas partidas piensan derivar hacia el Sector privado.
En definitiva, si nos detenemos un poco en las cifras que termina publicando la propia Comunidad de Madrid, podemos comprobar cómo la tarea de zapa permanente de los gobiernos de la derecha madrileña ha producido la pérdida de más de 1250 camas a lo largo de los últimos diez años y más de 1500 profesionales, cuando la población atendida ha crecido en 500.000 personas.
La pandemia nos ha situado ante un espejo en el que deberíamos reconocer las insuficiencias, carencias y malas políticas aplicadas a lo largo de los años ultras al servicio del negocio privado. Sin embargo no parece que esa sea la lección aprendida por el gobierno madrileño en los presupuestos sanitarios presentados.
Muy al contrario, el gobierno de la Puerta del Sol parece más empeñado en sostenella y no enmendalla, en mantener los errores garrafales y el infernal negocio de hacer dinero con la salud de las personas. A fin de cuenta eso es lo que han votado los madrileños y eso creen que les avala para permanecer en la ignominia y la utilización de la sanidad al servicio del negocio.
