La pandemia ha producido muchas muertes, mucha enfermedad y muchos daños colaterales, a veces provocados por fuego amigo, el de aquellos que quieren echarte una mano, salvarte de morir ahogado y, en su empeño, te hunden la cabeza una y otra vez hasta que terminas en el fondo del pantano.
Uno de esos daños colaterales consiste en la aparición de muchas nuevas oportunidades aprovechadas de inmediato por los avispados que saben jugar con la ley, con sus fisuras, con la vida, con la muerte, con las necesidades propias y ajenas. Y una de esas necesidades, siempre urgente e imperiosa, es la de la vivienda.
Vivimos en un país cuya Constitución establece,
-Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Pero no queda ahí la cosa porque, a continuación, el pacto constitucional del denostado régimen del 78 aclara quién tiene la obligación de que esto sea así,
-Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Ya sabían los padres de la Constitución que hay preceptos constitucionales exigibles en su cumplimiento como derechos fundamentales y otros que son mero enunciado de buenas intenciones. Ya sabían que, desde tiempos antiguos e inmemoriales, uno de los motores del país ha sido la usura, la especulación y muy especialmente la del suelo. Todo españolito nace sabiendo que cuando escuche hablar de la patria, tiene que echar mano a la cartera.
Y en ese inmenso negocio están todos implicados (defina usted “todos” a su gusto y antojo) en mayor o menor medida. Botella vendió 3000 viviendas sociales a precio de saldo a los fondos buitre de inversores extranjeros. Esos mismos fondos buitre, desembarcados en España en número de casi 600, además de sociedades patrimoniales y socimis, que se han dedicado a comprar vivienda a razón de miles de millones de euros. He leído que hasta Aznar Jr. hace sus pinitos al frente de algunos de estos fondos, intermediando en sus negocios.
La izquierda, cuando ha podido poner algo de orden, ha preferido alcanzar pactos con los verdaderos gobernantes de España. Florentino, BBVA, San José, terminaron pactando con jóvenes concejales del gobierno de Carmena dar vía libre a operaciones cuestionadas y cuestionables como la de Chamartín (rebautizada como Madrid Nuevo Norte), o el Paseo de la Dirección, que Almeida ha ratificado inmediatamente y Ayuso se ha apresurado a santificar en mitad del confinamiento, aprovechando la nocturnidad de la pandemia.
Sin embargo nadie habla de esto, ocupados como estamos con los dineros reales y los de Podemos. Uno de los grandes debates a los que asisto en los medios de comunicación es el de que están aumentando las ocupaciones de viviendas (lo cual debe ser cierto), al tiempo que nos hacen creer que la derecha intenta poner orden sin que los gobiernos municipales y estatales de la izquierda hagan otra cosa que defender a los okupas.
Hay quien como Begoña Villacís anuncia que mientras Carmena construyó unas exiguas 64 viviendas sociales en sus cuatro años de mandato, ella va a construir 100.000 (cien mil, has leído bien), gracias a la colaboración público-privada, en esas grandes operaciones que ya quedaron mencionadas. Dudo, sinceramente, sin ánimo de ofender, que nadie, desde lo privado, vaya a construir tanta vivienda social sin acumular beneficio alguno, incluso perdiendo dinero, si no hay detrás uno de esos viejos pelotazos de ingentes dimensiones.
Más allá de los estériles debates, me parece que no hay nada, en la izquierda, ni en la derecha, que justifique que el derecho constitucional a la vivienda sea burlado sistemáticamente, no hay nada que justifique que miles de viviendas construidas, o por construir, sean convertidas en usura, negocio especulativo, economía de casino.
No hay nada tampoco, ni en la izquierda, ni en la derecha, que permita la actuación de mafias organizadas que obtienen beneficios traficando con ocupaciones de primeras viviendas en nuestros barrios y de segundas viviendas en nuestras costas.
Ni la ley, ni las autoridades, ni los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni los jueces, pueden permitir que el derecho a la vivienda sea quebrantado impunemente por activa, o por pasiva, por vividores y pícaros de todo tipo, con o sin mascarilla. Los derechos constitucionales merecen otro trato si no queremos que el descrédito de las instituciones vaya a más.
