Mis abuelos huían de las Tierras de Talavera, con un burro, cuatro cosas y cinco hijos. No era cosa de quedarse en el pueblo para ser fusilados, después de haber sido responsables, como jefes de las Juventudes Socialista Unificadas de haber requisado tierras, mansiones y hasta la iglesia del pueblo.
De hecho, en el juicio que se siguió contra mi abuelo, al acabar la guerra, uno de los testimonios fundamentales, para justificar cárcel preventiva, palizas brutales una condena, a falta de poder cargarle haber ordenado muerte alguna, consistía en demostrar que había organizado bailes públicos en aquella iglesia, a la vista de las imágenes de Santiago Apostol, de Jesús Nazareno con la Cruz, de San Bartolomé y de dos Vírgenes, una de pie ante la cruz y la otra en plena Asunción a los cielos, en cuerpo y alma, además de una Cruz de Mayo, todo ello en madera primorosamente tallada y adecuadamente bendecida.
Aquellos refugiados de la guerra acabaron en Tresjuncos, donde tuvieron que vivir en casas “requisadas”, a fin de cuentas Madrid estaba petado de gente que venía huyendo de las matanzas perpetradas y el terror organizado por las tropas franquistas, pueblo tras pueblo, Andalucía, Extremadura, Castilla, hasta situarse a las puertas de Madrid.
Allí, en aquel pueblecito en la Vega Alta del río Toconar, partido judicial de Tarancón, en el extremo Norte de La Mancha Baja y en el extremo Sur de La Mancha Alta, conservaron buenas amigas y amigos para toda la vida. Se veían poco, pero no hacían falta muchas palabras para reconocerse y apreciarse mutuamente en las penurias compartidas.
Requisar, compartir, expropiar, incautar, todo habla de lo mismo, de la misma realidad, de la importancia de dar respuesta urgente a un problema generalizado de muchas personas. Suele ocurrir en las guerras, pero ocurre también cotidianamente en nuestros días. La necesidad de una vivienda que da lugar a diferentes fórmulas de solución, sobre todo cuando existen viviendas cerradas, desocupadas, ociosas.
Asisto a un intenso debate sobre la fijación de precios máximos de los alquileres de vivienda, como si de ahí se derivase la solución al problema de la vivienda en nuestro país, cuando me parece que estamos ante un debate falso, con poco recorrido y escasos resultados.
Cuidado, no digo que no haya que topar los alquileres en determinados lugares, o momentos, en los que la especulación se adueña de la economía y de los mercados, pero montar un espectáculo en torno a eso me parece muy torpe, sobre todo porque la línea que permite separar al especulador dueño de muchas viviendas del pequeño inversor que ha comprado, o heredado, unas cuantas viviendas de alquiler puede terminar produciendo injusticias.
Me da en la nariz que nuestros políticos sólo quieren aplicar medidas de bajo coste económico y mucha rentabilidad política. De esas políticas que permiten a la izquierda sacar pecho contra los desahucios y a la derechona sacar las uñas defendiendo la propiedad privada.
Toda propiedad tiene una función social. En eso coinciden los rojos y la iglesia, aunque no los ultraliberales, que son un auténtico peligro para las personas, para la sociedad y para nuestra propia supervivencia como especie. En el pasado, en el presente y tal vez en el futuro, los gobiernos se reservan siempre la posibilidad de expropiar bienes que sean necesarios para satisfacer necesidades sociales.
Siempre serán actuaciones excepcionales, pero muy frecuentes, como cuando se trata de construir una carretera, un trazado ferroviario, un tendido eléctrico, o construir un pantano. Lo mismo que acaba de hacer el gobierno balear con viviendas vacías en propiedad de un banco o un fondo de inversión, por ejemplo.
El gobierno balear va a utilizar el derecho de cesión que le concede la ley para quedarse durante siete años con una serie de viviendas y ponerlas en alquiler de precio tasado, en función de los ingresos de las familias inquilinas. Tampoco es la solución definitiva, pero se me ocurre que el problema de especulación de la vivienda debe tener respuestas variadas y que recojan un amplio consenso social.
En algunos casos habrá que contener los crecimientos abusivos de los precios de los alquileres. En otros momentos habrá que optar por soluciones como la balear y “requisar” temporalmente viviendas para utilizarlas con fórmulas de alquiler social.
Y, como línea general, habrá que poner en marcha planes de choque que permitan que las administraciones central, autonómica y local actúen de forma conjunta para aprovechar el suelo público disponible, en manos de empresas ferroviarias, instalaciones portuarias, cuarteles desocupados, o propiedad de diferentes administraciones para poner en marcha proyectos de vivienda, en régimen de alquiler o propiedad y a precios socialmente asequibles.
Lo fácil es montar bronca y seguir alentando operaciones especulativas como Chamartín, recientemente aprobada por el gobierno del PP, el Paseo de la Dirección, o estadios deportivos. Operaciones llenas de beneficios y puertas giratorias para corruptores y corruptos.
Lo difícil es armar consensos amplios, políticos y sociales, equilibrados y justos, para solucionar los problemas y poner en marcha actuaciones acordadas en diferentes frentes, encaminadas a defender el ejercicio real del derecho constitucional a una vivienda.
