La Confederación Sindical Internacional (ITUC-CES) no atraviesa buenos momentos. Acaba de superar una crisis en la que ha tenido que cesar a su recientemente elegido Secretario General a causa de haberse visto implicado en las tramas de sobornos pagados por Qatar en el Parlamento Europeo, el conocido como Qatargate.
Pese a este episodio bochornoso vivido por la política de la Unión Europea, la ITUC-CES sigue esforzándose por convertirse en una referencia para los trabajadores y trabajadoras del mundo desde que su congreso fundacional de Viena, allá por el año 2006, decidiera fusionar organizaciones sindicales de origen socialista, comunista, cristiano, o independiente.
Uno de los esfuerzos mantenidos por la organización mundial que aglutina a más de 200 millones de trabajadoras y trabajadores en el planeta es presentar anualmente un Informe denominado Indice Global de los Derechos. Estamos ante la 10ª edición, que viene a incidir en la confluencia de dos fenómenos que actúan simultáneamente contra la vida de la clase trabajadora en el mundo.
De una parte la subida especulativa y abusiva de los precios y de otra el debilitamiento de los derechos laborales de la clase trabajadora en todos los lugares del planeta. Desde Sudáfrica a Perú, desde los países europeos a Irán, desde Corea a América Latina.
Cada día las movilizaciones laborales topan con mayores dificultades, persecuciones policiales y judiciales, leyes laborales injustas, derechos pisoteados y brutales actos de represión protagonizados por las fuerzas de seguridad, o por los propios militares que ejercen el poder al servicio de las grandes corporaciones empresariales.
Países como Bielorusia, Bangladesh, Turquía, Túnez, Myanmar, Guatemala, Filipinas, Ecuador, Egipto, o el pequeño Eswatini, en el Sur de Africa, integran la lista del TOP 10 en la represión laboral, pero son sólo la punta de un iceberg que no ha hecho más que crecer hasta el punto de que nos encontramos ante los peores datos históricos en vulneración y violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en los 149 países analizados.
Como muestra la CSI explica que 9 de cada 10 países han vulnerado el derecho de huelga. Países que llevan ante los tribunales a trabajadores que han decidido participar en huelgas. Hablamos de países como Togo, Irán, o Camboya, pero también de países como Canadá, o España.
Celebrar el 1º de Mayo se persigue policialmente en países como Irán, pero las legítimas protestas y manifestaciones de los trabajadores contra iniciativas de los gobiernos, son objeto de palizas, detenciones, o el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía en lugares como Francia. El derecho a reunirse, hablar, expresarse, protestar, es perseguido en más del 40 por ciento de los países analizados.
Crear y afiliarse a algún sindicato no es un derecho en 3 de cada 4 países. Colectivos como los trabajadores migrantes, las mujeres, las trabajadoras del hogar, los que carecen de contrato y de derechos, los de las plataformas, los temporales, o quienes viven en determinadas zonas económicas del planeta, carecen del derecho a la sindicación. Esto ocurre en países como Emiratos Arabes Unidos, Haití, Burundi, Turquía, o India, entre otros muchos.
Así las cosas, el derecho a la negociación colectiva es inexistente en la mayoría de los países del mundo y se ve amenazado en otros muchos. Crear un sindicato supone adentrase en un mundo de clandestinidad, ilegalidad, persecución, cárcel y, en muchos países, muerte.
En dos de cada tres países, los dirigentes sindicales y los afiliados a los sindicatos acaban ante los tribunales sin garantías procesales, sometidos a juicios injustos en los que se ignoran las pruebas y los jueces aplican condenas ya decididas de antemano.
El informe de la primera organización internacional del mundo viene a demostrar que allí donde los derechos laborales son pisoteados, la democracia desaparece, porque existe una relación directa entre ambas variables, hasta el punto de que respetar los derechos de los trabajadores, significa contar con democracias poderosas.
Sin embargo, a lo largo de estos 10 últimos años, en países ricos y en países pobres, las subidas abusivas de los precios, la especulación de las grandes corporaciones internacionales, el papel jugado por los gobiernos al servicio de los grandes inversores, se han traducido en un debilitamiento generalizado de los derechos laborales y sociales.
Como conclusión del Informe, la ITUC-CES constata que la línea divisoria entre las dictaduras y las democracias se va difuminando en aquellos lugares donde se aprueban recortes, leyes contra los pueblos, se alientan fracturas en la ciudadanía, se incrementan las desigualdades, se utiliza a la policía y al ejército si hace falta, no para defender las libertades, sino para conculcarlas.
Los pueblos pierden confianza en la buena voluntad y en el buen trabajo de sus gobernantes y las fuerzas de la ultraderecha consiguen traducir todo ese malestar para sumar adeptos al debilitamiento de la democracia, agudizar las desigualdades y dividir más la sociedad.
En un momento en el que todos los países, todos los políticos y todas las organizaciones sociales deberían estar reivindicando trabajo decente, con derechos laborales y sociales, como la salud, la educación, los servicios sociales, o la defensa del medio ambiente, hay demasiados intereses bastardos empeñados en recorrer el camino contrario y avanzar hacia la destrucción del planeta.
Por eso la unidad de los trabajadores, la reflexión compartida del sindicalismo con el conjunto de la sociedad, con el ecologismo, con las personas que defienden los pueblos y los barrios, con las fuerzas políticas de progreso, siguen siendo instrumentos esenciales para avanzar hacia la libertad, la igualdad y los derechos.
