De nuevo el Gobierno de Rajoy desprecia el diálogo y se adentra en la oscura senda de la imposición que le aleja cada vez más de la ciudadanía. De los trabajadores y trabajadoras.
De nuevo el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto, el 5/2013, que reforma la jubilación anticipada y parcial y que deja más desprotegidas a las personas paradas mayores de 55 años.
De nuevo se aducen estrategias europeas, libros blancos europeos. Informes europeos, recomendaciones europeas. Se esgrimen Acuerdos anteriores y hasta el Pacto de Toledo, sin nada que lo avale ni justifique, para dar un nuevo hachazo a los derechos de pensionistas y personas paradas.
De entrada, modifican el Acuerdo de Pensiones, que ya regulaba el acceso a la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Como siempre, recurren a la coyuntura complicada del país, para no utilizar los cauces de negociación establecidos en el Pacto de Toledo.
La jubilación anticipada, o la parcial son mecanismos muy utilizados para evitar despidos traumáticos y facilitar la renovación de las plantillas, Mecanismos negociados que evitan que Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se conviertan en sangría inútil de despidos.
Endurecer el acceso a la jubilación parcial y la anticipada, combinado con la Reforma Laboral, conduce al despido como única salida o salida preferente en las empresas. Y todo por el ahorro brutal que quieren producir con estas medidas.
Cuando el problema del país es el paro, no se entiende que se endurezca la jubilación anticipada y parcial, al tiempo que se favorece que los jubilados sigan trabajando, en nombre del “envejecimiento activo”, condenando a la mayoría al “envejecimiento miserable”.
Con todo, el Gobierno, no se queda ahí. En una sociedad atenazada por la crisis económica, el paro, la corrupción, los sobres, no es entendible que vuelvan a endurecer la última ayuda a las personas desempleadas, el subsidio por desempleo para mayores de 55 años.
Este subsidio es el principal recurso de protección social para casi 310.000 personas en nuestro país. Personas que han sido despedidas al final de su vida laboral. Personas que no tienen, ni tendrán, muy probablemente, una nueva oportunidad de empleo y que han perdido sus prestaciones por desempleo.
Ya sufrieron, el verano pasado un recorte que trasladaba la frontera de los 52 años, para percibir este subsidio, a los 55 actuales. Además se redujo la base de cotización de estas personas a la base mínima y se limitó la duración del subsidio hasta la primera fecha posible de jubilación de esa persona, cuando el criterio anterior era poder llegar a la fecha de jubilación ordinaria.
Ahora, lo que era un derecho personal a percibir una renta, cuanto el trabajador o trabajadora no tiene ingresos, se convierte en un derecho vinculado a los ingresos de su familia. Así se castiga doblemente a la persona parada y la familia que lo acoge. Quiero recordar que hablamos de un subsidio raquítico poco más de 400 euros.
El Gobierno lamina el diálogo social, modifica unilateralmente los Acuerdos de Pensiones, se aleja de los mecanismos que establece el Pacto de Toledo para acordar reformas, endurece los requisitos para acceder a la jubilación anticipada y parcial. Golpea las ya mínimas y miserables rentas de las personas paradas mayores de 55 años.
Y en el colmo de los descaros mandata la creación de un Comité de Expertos “independientes” para que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad de la Seguridad Social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo. La intención es clara. Volver a modificar en profundidad el Sistema de Pensiones. Un mal augurio, si tomamos en cuenta que este Gobierno sólo entiende la sostenibilidad de las pensiones como vinculada a la esperanza de vida y la edad de jubilación y no como una consecuencia de la creación de riqueza y empleo, por ejemplo.
Son tantos los golpes recibidos por los trabajadores y trabajadoras en esta crisis que el último parece sólo el prolegómeno del siguiente. Sin embargo, este Real Decreto Ley 5/2013 es un nuevo destrozo que agudiza la miseria de muchos y niega una salida negociada de la crisis. No es este el camino que merece España, sus ciudadanos y ciudadanas, sus trabajadores y trabajadoras. No es el camino que encauza y soluciona el conflicto laboral y social abierto por la brutalidad de la crisis, el paro, la corrupción y las injustas medidas de recorte del Gobierno.
Francisco Javier López Martín
Presidente Fundación Sindical 1º de Mayo