La equidad debería ser la base de la justicia, pero las diferencias entre la lentitud con respecto a las macrocausas de corrupción que afectan al PP, sus socios, amigos, amantes y colaboradores y la aceleración que se produce en las causas de personajes como Ábalos, Zapatero, o el hermano y la esposa de Sánchez, son tan evidentes que el público se da cuenta de que la judicatura no actúa de la misma manera con todos. No es una percepción injustificada. Es una realidad inevitable, e incuestionable.
La justicia no debería ser arbitraria y generar inseguridad, sino predecible y tratar con equidad a todas y todos los ciudadanos. Una justicia lenta no es justicia. Lo sabe todo el mundo. Pero una justicia acelerada, ocurrente, selectiva, tampoco nos sirve. Y esa es la imagen ambivalente de parcialidad que traslada nuestro sistema judicial. Unas causas avanzan vertiginosamente, mientras otras se estancan indefinidamente.
Siempre se intenta utilizar el argumento del mal pagador. Casos como el de Correa, Granados, Ignacio González, la policía patriótica, el comisario Villarejo, Lezo, Gürtel, Kitchen, personajes como M. Rajoy, se dice, son tan complejos, que acumulan miles de folios, producen recursos de las defensas y hasta comisiones rogatorias a otros países.
En fin, que si lo unes a los escasos recursos materiales y de personal, pues es lógico que se prolonguen de forma indefinida, hasta que nadie se acuerda y los condenados terminan por no entrar en la cárcel. Toda responsabilidad queda desaparecida. Los corruptos se sienten avalados como parte inseparable de las instituciones.
Por el contra, si te llamas Ábalos, Zapatero, Sánchez, o Begoña, todo se agiliza. Las acusaciones particulares, las diligencias, las citaciones urgentes y la publicación de los sumarios en la prensa hacen que todo se solucione en unas pocas semanas o meses.
Pero la gente, lo que percibe es lentitud frente a agilidad, eficacia selectiva, urgencia política y no procesal. La agenda judicial se nos aparece perfectamente sincronizada con la agenda electoral. La imagen de instrumentalización de la justicia es inevitable. El lawfare se nos presenta como una realidad evidente.
Como en el caso de la mujer del César, la justicia no tiene que ser equitativa, sino que además debe parecerlo. Y la justicia española no lo parece. Es una tortuga cuando se trata de juzgar a corruptos institucionales y grandes poderes económicos, pero una liebre cuando se trata de someter a la pena de telediario y enjuiciar aceleradamente a personas en función de su carnet político en base a recortes de periódicos y registros indiscriminados.
Nuestra Constitución habla del derecho a procesos judiciales sin dilaciones indebidas, lo cual no tiene nada que ver con una justicia que elige ser lenta o acelerada, según de quien se trate. Una justicia asimétrica es una justicia insegura. Décadas para unos, semanas para otros en las tramitaciones y procedimientos.
Un procedimiento de la justicia, un juicio, un encausamiento, no pueden ser nunca procesos inquisitoriales. No pueden convertirse en un registro indiscriminado de todo lo que pertenece a una persona hasta encontrar algo con lo que proceder contra él y encausarle. Eso se llama investigación prospectiva y está expresamente prohibido por nuestras leyes.
No se puede partir de meras sospechas, de recortes de prensa, de estimaciones, conjeturas, creencias, porque eso vulnera la ley procesal y destruye el derecho a la defensa. Es más, existe una torticera interpretación de la ley que hace que basándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija plazos máximos de instrucción, termina por conducir a dar por terminada, dar carpetazo, a algunas causas de corrupción, o a partes esenciales de las mismas.
La justicia no puede ser un instrumento acelerador o ralentizador de procedimientos judiciales en función de intereses políticos bastardos. La verdad y el derecho a la defensa nunca pueden verse perjudicados por intereses electorales bastardos.
La justicia parece tener una balanza manipulada, trucada, desequilibrada. Los cronómetros de la justicia se paran para unas cosas y se aceleran para otras. Sus velocidades son muy distintas. El pacto social de confianza en la justicia está desapareciendo a marchas forzadas.
Para que la justica recupere la confianza de la ciudadanía debe ser igual para todos, ricos y pobres, independientemente de colores políticos y calendarios electorales. El establecimiento de la verdad, el derecho a la defensa, deben prevalecer sobre la consiga de el que pueda hacer que haga de aquel infausto, patético y formólico expresidente.
No merecemos una ley que sea pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador, de la que nos habló Carlos Lesmes cuando era presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Lo dijo en 2014 y nada ha mejorado desde entonces, sino todo lo contrario.
