Va a tener razón Manuel Vicent cuando en su Desfile de ciervos, afirma que si salimos de ésta, repetiremos la fiesta. Una constatación que ha vuelto a repetir frecuentemente en algunas entrevistas. Recuerdo una, a mediados de la década de 2010, en la que contestaba a una pregunta:
–Yo tengo la sensación de que si se sale de la crisis, que se saldrá, se volverá a repetir la misma feria, porque aunque las personas aprendan, la humanidad, en conjunto, que es como una fuerza ciega, no lo hace.
Parte el escritor, como si fuera la reencarnación de los autores de la Generación del 98, de que hoy vivimos en España bajo un estado de culpabilidad general, porque no se trata sólo de que la corrupción política sea parte de nuestra existencia pasada, presente y futura, sino que además votamos a los corruptos como si fuera irremediable, como si al no hacerlo renunciáramos a nuestro patriotismo de charanga y pandereta.
Vivimos en todo su esplendor la crisis financiera desencadenada por Lehman Brothers en 2008. Nos golpeó especialmente porque nos habíamos embarcado en una aventura de enriquecimiento acelerado a base de ladrillo financiado por hipotecas basura, que luego resultaron impagables. Muchas familias fueron a la ruina. Muchas pequeñas empresas se hundieron y, entre todos, arañamos nuestros bolsillos para salvar a los grandes especuladores y banqueros.
Acabado el drama volvimos a los niveles de especulación inmobiliaria del pasado. Cada vez más hipotecas para pagar pisos de precios desbocados. Alquileres escasos e impagables. Negocio increíble para bancos usureros, promotores y constructoras expertas en pelotazos. Una política conchabada con los fondos inversores extranjeros que dan trabajo bien pagado a hijos, novios y yernos de expresidentes del gobierno, exalcaldesas capitalinas y presidentas de Comunidad Autónoma.
No me extraña que la representación de Luces de Bohemia de Valle-Inclán esté cosechando un éxito apabullante en su gira por toda España y en su reposición en la capital. A fin de cuentas no hemos dejado nunca de ser la grotesca realidad deformada que vemos en los espejos cóncavos y convexos del callejón del Gato.
La prueba de que no hemos aprendido nada, de que seguimos igual, como siempre, es que, más allá de las promesas de cientos de miles de viviendas nuevas, en régimen de protección oficial, o de alquiler protegido, la realidad es que el parque de vivienda pública, o con algún tipo de protección, sigue siendo miserable.
Existen promociones de vivienda en Comunidades Autónomas, como es el caso de la de Madrid, en las que hay pocas diferencias entre precio protegido y el precio que tendrías que pagar por una vivienda libre. Dado que el precio del módulo no asegura altos beneficios empresariales, pues aumentamos el precio y así ocurre que una vivienda protegida cuesta casi tanto como una libre.
Hay lugares, como el Ayuntamiento de Alicante que, después de años sin hacer nada en materia de vivienda pública, se aplica a la tarea de construir promociones de protección pública y se inventan sistemas de adjudicación para que compadres políticos, familiares, amigos, conocidos y demás allegados al poder, resulten agraciados con golosos pisos.
Existen Ayuntamientos como el de Madrid que, en la etapa de Ana Botella, esposa de Aznar y enseña del PP, vendió buena parte del patrimonio inmobiliario a fondos inversores privados, fondos buitre. El hijo y el yerno de los Aznar-Botella han trabajado y, en algunos casos trabajan, precisamente, para fondos buitre, o empresas vinculadas a ellos.
Esos fondos compran vivienda pública a bajo precio, expulsan a los inquilinos y convierten las promociones en negocio seguro, usurero y especulativo. Decididamente, en política de vivienda, nos movemos al nivel de Rumanía, o de Bulgaria, con niveles bajísimos, inferiores al 3% de vivienda protegida.
Estamos muy lejos de Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, o Austria, que superan el 15% y llegan, en algunos casos, hasta el 30%. Sin embargo en España nos encontramos en el 2´5% y producimos ocho veces menos viviendas protegidas que antes de la crisis de 2008.
Todo el mundo se echa las manos a la cabeza por la situación de la vivienda. Todo político que se precie tiene que prometer miles de viviendas. Y, sin embargo, nadie se atreve a poner en marcha medidas de choque, más allá de promover debates sobre los okupas y congelar las subidas de los alquileres. Una cierta izquierda infantilizada ha caído en esa trampa.
Claro que hay que topar los precios de los alquileres de forma razonable, evitando tensionamientos y especulación. Claro que hay que asegurar el derecho a la vivienda de familias con bajos ingresos (lo de vulnerables es término ambiguo, subjetivo, cualquiera es vulnerable por algo). Pero son las administraciones y no los propietarios, los encargados de hacer cumplir la Constitución y ofrecer soluciones habitacionales, vivienda asequible a quien la necesita.
Eso en lo inmediato, pero en lo urgente, hay que poner suelo a disposición, revitalizar las promociones públicas, abandonadas completamente en las últimas décadas, eliminar trabas burocráticas que retrasan cualquier proyecto urbanístico a causa de la tardanza, ineficacia e ineficiencia de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
El mercado, por sí mismo, no va a solucionar el problema. Es mentira que el capitalismo de mercado se ajuste y busque soluciones. Prefiere la destrucción y el suicidio antes que la pérdida de beneficios. Es la política la que tiene que poner orden. A medio plazo relanzando la promoción pública de vivienda y la construcción de viviendas con protección pública.
A corto plazo expulsando a los fondos de inversión, a los buitres carroñeros, del mercado. Tan sólo en Europa países como Suiza, Dinamarca, Andorra, o Malta han adoptado medidas para evitar los abusos de compras de vivienda por parte de inversores extranjeros. Algo que se extiende en el mundo en países como China, Australia, Canadá, o Nueva Zelanda.
Pero se pueden hacer más cosas, como proteger a los pequeños propietarios asegurando rentas razonables y acabando con situaciones anacrónicas como obligar a pequeños propietarios a pagar las s en régimen de alquiler de renta antigua, o no tratar igual los casos de ocupación de grandes tenedores y de los pequeños propietarios.
Y todo ello sin renunciar al derecho constitucional a acceder a una vivienda digna, especialmente en el caso de personas y familias más necesitadas. Resultaría gracioso, si no fuera dramático, que algunos responsables políticos municipales se pongan flamencos y encomienden a sus servicios sociales la provisión de soluciones de vivienda, cuando ni los dotan de personal, ni de recursos.
La política de vivienda no puede consistir en continuos brindis al sol, en repetir incansablemente promesas incumplidas de antemano. La política de vivienda consiste en agarrar al toro por los cuernos y poner en marcha medidas sensatas, temporalizadas, ordenadas en torno a prioridades y con provisión de los recursos necesarios para ejecutarlas.
Pero en nuestro aquí y ahora, cuando hablamos de vivienda, la derecha no parece tener intención de hacer nada que se salga del guión del mantenimiento del negocio familiar extenso, mientras que una parte de la izquierda se muestra más obsesionada por protagonizar promesas ocurrentes, que por aportar soluciones realistas al problema del precio escandaloso de la vivienda, que la ciudadanía sitúa como su principal preocupación.
