Nadie hubiera pensado hace muy pocos años, que la brecha digital fuera un asunto clave al hablar de la pobreza y la exclusión social. Es verdad que existían debates previos a la pandemia sobre la importancia de la alfabetización digital, pero ha sido el coronavirus el que ha situado el teletrabajo, el aprendizaje, la realización de un buen número de trámites administrativos, o la consulta con el médico a través de un ordenador, o un teléfono móvil, en una necesidad cotidiana.
Tener trabajo, obtener una ayuda, pagar una factura, comprar todo tipo de productos y de servicios, depende en muchas ocasiones de saber utilizar procesos digitales, sin los cuales se pueden perder oportunidades. Hasta una de cada tres familias españolas, según algunos estudios realizados durante la pandemia, afirma que ha perdido oportunidades a causa de la brecha digital.
Parece evidente que no es lo mismo haber tenido que afrontar procesos de aprendizaje online en una vivienda con ordenadores y móviles, que hacerlo en una familia que carece de esos recursos y cuyos miembros viven hacinados en pocos metros cuadrados. En 3l caso de la educación podríamos hablar de cursos perdidos a causa de la pandemia.
El profesorado y los centros educativos han hecho un esfuerzo brutal por adaptarse a la situación excepcional que estábamos viviendo, incluso repartiendo dispositivos informáticos a quienes no podían adquirirlos y diseñando programas educativos en red, pese a las propias lagunas que en esta materia arrastramos.
Pero no bastaba, porque en muchas familias, los propios padres de bajos recursos carecían de las habilidades necesarias para seguir las tareas educativas de sus hijos, acompañarles y ayudarles a superar las cuantiosas dificultades con las que han topado a los largo de muchos meses.
Sigue siendo válida la afirmación de que la educación es uno de los factores esenciales para combatir las desigualdades de partida, para romper la cadena y el círculo vicioso de la pobreza que se reproduce generación tras generación. Por eso las habilidades digitales son la llave que permite elegir el futuro y romper el círculo vicioso de la pobreza.
Y esto es tan cierto como que de cada tres alumnos que fracasaron en sus estudios durante una pandemia que obligó a estudiar en entornos virtuales, carecía de los medios informáticos y del acceso completo a las redes y plataformas formativas puestas en marcha.
No nos equivocamos si consideramos la brecha digital como una nueva valla que delimita la frontera que fractura nuestras sociedades. No son pocas las personas que necesitan una prestación social, una renta mínima de su comunidad autónoma, el Ingreso Mínimo Vital, o atención a la dependencia, que tienen serias dificultades, o que no pueden, ni saben, rellenar los formularios oficiales requeridos.
No conviene, así pues, despreciar los efectos segregadores que produce la brecha digital. Lo que antes era sociedad de la información se ha convertido en sociedad de la digitalización. Quien antes carecía de información se encontraba en peores condiciones, pero quien hoy no domina habilidades digitales básicas, incluidos los lenguajes especializados de cada administración, se encuentra excluido de muchos procesos sociales. Es un extranjero en su propio país.
Teletrabajar, encontrar trabajo, acceder a ayudas, o formarse online, se han convertido en barreras infranqueables para muchas personas. Cuántas veces hemos asistido al drama de la persona que pide en la ventanilla que le rellenen el formulario, porque ella no sabe.
No hay empleados públicos suficientes para poder ayudar a las personas a realizar estos trámites y comienzan a abundar las entidades, empresas, asociaciones y ONGs que con subvenciones, o cobrando ciertas cantidades, ayudan a las personas a rellenar estos formularios de endiablado lenguaje inaccesible.
Basta entrar en algunos de estos formularios e intentar comprender qué sentirá una persona excluida, o una persona mayor, que no domina el mundo digital, cuando le requieren incorporar un archivo adjunto, dirigirse a una url, pinchar en el enlace, o firmar con clave, dni electrónico, o certificado digital.
Casi la mitad de las familias que intentó acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) no pudo completar sus trámites por incapacidad para culminar el proceso en internet. Lo mismo ocurre, en mayor o menor medida, con cualquier trámite de acceso a ayudas, en el que la persona abandona el proceso por sentirse incapaz de rellenar telemáticamente el formulario.
Ha llegado el momento de que, ante los cambios acelerados que amenazan con dejar fuera de la vida social a muchas personas, nos apliquemos a facilitar el acceso de quienes padecen los brutales efectos de la brecha digital a los instrumentos básicos y las habilidades esenciales que les permitan sobrevivir en este entorno.
Por otra parte, las administraciones deben exigir a las empresas y a sí mismas que faciliten a todas las personas el acceso a sus productos y servicios, con ayudas personalizadas para realizar los trámites necesarios. Eso significa invertir en formación y en asesoramiento.
Lo digital puede facilitar muchas cosas, muchos trámites, pero lo digital puede convertirse en un factor de desigualdad si no somos capaces de que sea accesible al conjunto de la población. Casi todos hemos aprendido a realizar una videoconferencia para combatir el confinamiento, pero muchos nos atascamos en formularios bancarios, trámites administrativos, o la gestión de citas médicas.
Cuanto más tardemos, más se disgregará la sociedad y aumentarán las desigualdades, la exclusión social, con el consiguiente aumento de las tensiones. Nosotros elegimos.
