Escribo un artículo en este medio sobre una multa que me impone el Ayuntamiento de Madrid por entrar sin darme cuenta en una zona ZBE (Zona de Bajas Emisiones). Llamo la atención sobre las sentencias que anulan estas decisiones arbitrarias del Ayuntamiento de Madrid, tanto en el establecimiento de las ZBE, como en los requisitos para que las multas sean legales.
Llamo también la atención sobre la imposibilidad real de poder argumentar, explicar y resolver este tipo de incidencias, por parte del Ayuntamiento, sin imponer necesariamente una sanción y una multa. Nadie escucha en este ayuntamiento, nadie piensa otras soluciones que no sean la imposición de sanciones.
Al poco tiempo, alguien me escribe para decirme que le pasó algo muy similar. Quiso ingresar en el parking de las Cortes, junto a Neptuno, para comprobar que el parking se halla cerrado por obras. Con los nervios del momento, sin poder acceder al parking, gira y se salta una línea continua, para salir cuanto antes de la ZBE.
Sale a la plaza, busca otro parking y se encamina a realizar las gestiones que le trajeron a este infausto destino. Días más tarde recibe notificación del Ayuntamiento imponiendo sanción por entrar en la ZBE. Llama al Ayuntamiento y le indican que debería haber seguido en la ZBE hasta encontrar otro parking dentro de la zona.
Parecía absurdo pararse, interrumpir el tráfico, para buscar un parking. Tan sólo el consumo de combustible sería ya muy superior al de la maniobra descrita. Pero es lo que hay, es lo que toca, es lo que quiere este arbitrario gobierno municipal que no busca nuestro bien, sino su comodidad.
Mi interlocutor se queja de que unas obras ajenas a él, un Ayuntamiento poco preocupado por los objetivos y aún menos por el bienestar de sus ciudadanos, se dedique a poner multas, en lugar de a atender a la ciudadanía, sus problemas, sus necesidades y resolver problemas como el surgido con esas obras.
Termina su misiva con esta frase:
–Bienvenido al club de los pringados a causa de este Ayuntamiento de Madrid. Uno más.
Me parece que la ciudadanía no es tonta y sabe que buena parte de nuestros gobernantes persigue, tan sólo, mantenerse en las poltronas, poltroncillas, o taburetes de gobierno.
Buena parte de la ciudadanía coincide en que combatir la contaminación pasa por usar menos el coche privado y más el transporte público. Que determinadas restricciones están plenamente justificadas.
Pero muchas ciudadanas y ciudadanos no pueden entender este marasmo de ordenanzas, normativas y edictos municipales que siembran la confusión, que no corrigen los problemas, que incumplen decisiones de los tribunales y que, en definitiva, persiguen tan sólo la estricta recaudación de dinero proveniente de sanciones a veces ilegales, otras veces desproporcionadas, y casi siempre arbitrarias.
