Hace 20 años comenzaba un artículo en Madridiario sobre la peligrosa deriva de la sanidad pública citando a Hamlet y su famoso dilema en torno al ser o no ser. Aquel universal dilema dramático y filosófico formulado por Shkespeare se había transformado ya en aquellos momentos en un dilema político en manos de gobernantes entregados a los designios de las grandes corporaciones sanitarias privadas.
Nuestros gobernantes responden cada día al dilema suscitado entre negocio y salud y ya el gobierno de Esperanza Aguirre había optado por el negocio. Desde entonces vivimos la diferencia entre quienes trabajan por el servicio público y las mejores condiciones de vida de la ciudadanía y quienes entienden la política como el cuidado del propio bienestar y mejor futuro de la política de turno.
La vida, decía entonces, es el principal bien que tenemos. La salud marca la calidad de nuestras vidas. Y su protección depende de un buen sistema sanitario público. Tenemos una vida, un trabajo, una familia, tal vez una vivienda, un coche, poco más.
El sistema nacional de salud se montó con las cuotas de los trabajadores y de los empresarios, pero con la peculiaridad de que el trabajador paga con un descuento de su sueldo y el empresario repercute su cuota en el precio del producto que terminamos pagando, otra vez, los trabajadores como consumidores.
Es bueno explicar estas cosas y saber que los trabajadores hemos pagado desde el principio la sanidad. Luego decidimos que una cosa era la Seguridad Social y otra la Sanidad Pública. La primera paga las pensiones con las coutas, mientras que la segunda depende de las partidas de los Presupuestos que han ido siendo entregadas y transferidas a las Comunidades Autónomas.
Hubo un momento en que el diálogo social entre empresarios, gobierno y sindicatos consiguió ir separando las fuentes de financiación de las pensiones y de la sanidad pública. Las cotizaciones sociales de empresa y trabajador vertebran el sistema de pensiones. Los Presupuestos Generales del Estado debían financiar adecuadamente la sanidad pública
Luego llegaron las transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas y basta mirar los presupuestos autonómicos para constatar que unas gastan por habitante mucho más que otras en sanidad pública. Unas gestionan de forma directa y otras, como Madrid, han ido inventando múltiples oportunidades de negocio para consorcios sanitarios privados, que siempre terminan vinculados a los bolsillos de los gobernantes.
La sanidad, sin embargo, es una de esas cosas que deberían ser defendidas como una política de Estado, desde el gobierno central a las comunidades autónomas. Hacer posible que, gobierne quien gobierne la sanidad sea pública, siga siendo gratuita y universal. Impedir, pase lo que pase, que la sanidad de todas y todos, la pública, se convierta en el negocio de unos pocos políticos amantes de los negociantes y unos cuantos pícaros encumbrados por la política.
El deterioro de la sanidad pública es algo que no puede permitirse ninguna sociedad sensata. Es una preocupación pública que exige acuerdos políticos y sociales para no romper el modelo, para no pervertir la gestión, para no precarizar las relaciones laborales. Pero no es lo que quería Aguirre, ni lo que quiere Ayuso, empeñadas en detraer el dinerode la sanidad pública para incrementar recursos destinados a la sanidad privada.
Aumentan los conciertos con entidades privadas, compran intervenciones quirúrgicas y diagnósticos. Construyen hospitales con capital privado de constructoras, financieras y empresas de servicios. Hospitales que nos costarán tres veces más que si los hubiéramos construido y gestionado desde el sector público.
Hospitales construidos sobre suelo público, o propiedad de fondos de capital riesgo extranjeros. Hospitales que nacen con beneficios asegurados por contrato. Hospitales públicos que, ya hace veinte años, se convertían en empresas, para abaratar costes laborales, para reducir gastos, para debilitar el servicio público.
Desde hace más de veinte años Madrid es la punta de lanza de la ruptura de la unidad del sistema sanitario español, quebrando el carácter público, separando a Madrid del resto del sistema, promoviendo la sanidad privada, los seguros de salud privados, generando ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda.
Hace casi 20 años convocábamos una huelga de la sanidad pública. Una huelga que los gobernantes de la derecha madrileña tacharon de política. Una huelga que quería abrir una negociación seria que mejorara la calidad del servicio sanitario para atender a toda la ciudadanía, de forma gratuita y como servicio público.
Terminaba aquel artículo planteando que la sanidad es nuestra, de todas y todos. Con nuestra salud nadie puede jugar. Nosotras y nosotros no somos el negocio de nadie. Y formulaba como deseo, como profecía, como camino, que nuestra respuesta, nuestra movilización, seguiría siendo la misma, con la misma firmeza.
Porque como bien decía Marcelino Camacho, cada vez que recuperaba la libertad y salía de las cárceles franquistas: Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Le gustaba recordárnoslo de vez en cuando: “Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar”.
Francisco Javier López Martín
El artículo al que se hace referencia, ¿Negocio o salud? Ese es el dilema fue publicado el 19 de diciembre de 2006 en Madridiario y se encuentra publicado en el libro Antes de la tempestad, editado por Legados Ediciones.
