La atención a la dependencia es, por ley, un derecho subjetivo de todas aquellas personas que, por edad o por su situación de discapacidad, necesitan atender necesidades básicas con ayuda de otras personas. La Ley de Atención a la dependencia fue un avance muy importante en la equiparación de España con Europa y fuimos los sindicatos CCOO y UGT los que impulsamos el Acuerdo Social que condujo luego a una Ley con amplio consenso político y social.
La Ley debería irse aplicando de forma progresiva atendiendo primero a las personas con mayor nivel de dependencia hasta llegar a cubrir a todas las personas dependientes. Estamos ya en el ecuador de la aplicación de la Ley, que se aprobó a finales de 2006, e inició su andadura en 2007.
Sin embargo, desde 2007, la Comunidad de Madrid, ha ralentizado, cuando no bloqueado, la aplicación de la Ley en la Región, situándonos en los últimos puestos de atención a los dependientes en el conjunto del Estado.
Se acercan las elecciones autonómicas. Organizaciones sociales como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, CECU, UGT y CCOO, hemos constituido el Observatorio Social de la Dependencia en Madrid, para denunciar los retrasos e instar a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Delegación del Gobierno, Defensor del Pueblo, Federación Madrileña de Municipios, para impulsar la aplicación de la Ley en nuestra Comunidad.
El Gobierno Regional, en un intento desesperado de maquillar la realidad, organiza presentaciones, día sí, día también, de datos que pretenden demostrar que Madrid es la primera Región y la mejor Comunidad en aplicación de la Ley de Dependencia. No hay datos oficiales Regionales, más allá de los del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. No cuesta mucho, por lo tanto, inventarlos. El problema de los datos inventados es que no se puede mantener el artificio sin incurrir en contradicciones. La ventaja es que siempre puedes decir que quien rebate estos datos lo hace por motivos políticos y, además, en una sociedad de información vertiginosa, nadie se acuerda hoy de los datos de ayer y, si cantan demasiado, se olvida muy pronto. Y si te ves obligado a reconocer que todo va mal, siempre cabe el recurso a Zapatero, que, como todos sabemos, es el causante de todos los males.
Hace unas semanas, la Consejera de la dependencia, Engracia Hidalgo anunciaba que se atiende a 53.821 dependientes en Madrid y se vanagloriaba de que en un solo mes se atendía a 3.963 personas más. Sin embargo no nos decía que hay 27.764 personas en lista de espera, una vez valoradas, sin que durante meses reciban servicio alguno. Ni que se han producido 122.051 solicitudes registradas, de las cuales 81.585 tienen derecho ya reconocido a prestación. Ni que, aunque efectivamente se hayan incorporado 3.963 personas con derecho, no significa que tengan prestación alguna, sino que van a la lista de espera, que crece en 6.984 personas más.
Ahora, cinco días después, cuando hemos denunciado la situación real de una ley mal e insuficientemente cumplida, el Gobierno Regional, esta vez de la manos de Ignacio González, su Vicepresidente, y tras una visita a una Residencia de Mayores en Torrejón de Ardoz, cuenta que la Comunidad atiende a 150 dependientes, eleva el número de solicitantes a 130.326 y nos dice que ya han valorado al 95 por ciento de los mismos y se atiende ya a 58.378 personas. Eso sí, de la lista de espera de cerca de 28.000 personas, ni una palabra. Ni una palabra de la extinción de miles de solicitudes, muchas de ellas presentadas ya en el año 2007 y que desaparecen al publicarse en el Boletín Oficial que ya no son necesarias porque el solicitante ha fallecido (3.200, tan sólo, el 13 de Enero).
Eso sí, a bombo y platillo, el Gobierno Regional anuncia que Madrid acogerá un Congreso Internacional de Dependencia organizado por el Gobierno Regional y la Fundación Edad y Vida, que aglutina a empresas privadas que prestan servicios de dependencia y patrocinado por Vodafone, Cajamadrid, o Medirest.
Parece lamentable que la realidad sea maquillada con datos oscuros, opacos y, a todas luces, inventados. Parece alarmante que la política sea sustituida por la publicidad. Sería conveniente, necesario, urgente que pudiéramos ponernos de acuerdo en que aplicar la ley de dependencia en tiempos de crisis exige compromiso político y presupuestario. Reconocer que el atraso en Madrid es evidente y alcanzar un compromiso político y social para que nuestros mayores y personas con discapacidad, las personas dependientes, vean cumplido su derecho personal a ver atendida su situación de dependencia. Dar cumplimiento a este derecho supone invertir en plazas residenciales públicas, centros de día, ayuda a domicilio, telasistencia, cuidados familiares, contratación y formación de profesionales,todo lo cual tendría efectos positivos en la creación de empleo en una Región con 546.000 personas paradas. Cumplir la ley no es dar una pequeña subvención a las familias para comprar esos servicios en el sector privado.
Todos lo sabemos. Las personas dependientes, sus familiares, la Administración Regional. Podemos maquillar la realidad, enmascararla, hacer publicidad y propaganda. Pero todos lo sabemos. La atención a la Dependencia es un desastre, sobre todo en Madrid.
Francisco Javier López Martín
