Se acerca el final de 2025. Pronto los coches de gasoil sin distintivo ambiental, matriculados antes de 2006 y los de gasolina anteriores a 2000, no podrán circular por la capital. Nos cuentan que Europa exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si no lo hacemos, no sólo estaremos mal vistos, sino que podemos incurrir en sanciones y reclamaciones.
Pronto 400.000 conductores y 280.000 vehículos madrileños se verán afectados por las restricciones de tráfico que se apresta a poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Ya el año pasado aprobaron una prórroga de un año, pero para 2026 parece más difícil que adopten la misma medida.
Desde un punto de vista medioambiental parece justificado que los gobiernos aprueben este tipo de medidas, pero yo me pregunto, si las motivaciones de nuestros gobernantes europeos, españoles y municipales obedecen a esos sanos y elogiables motivos, o si hay gato encerrado.
Me pregunto si piensan en nosotros, o en sus bolsillos, y en su futuro sillón en algún consejo de administración, cuando esto de la política deje de serles rentable. La pregunta no es ociosa, cuando comprobamos que presidentes del gobierno, ministros, alcaldes, concejales, o diputados acaban convertidos en consejeros delegados, ejecutivos, directivos, o miembros de grandes corporaciones empresariales.
Es cierto que un coche viejo contamina más de la cuenta. Seguro que es necesario fomentar el uso del transporte público y diseñar un urbanismo, una sociedad y unos empleos que reduzcan el impacto ambiental de desplazamientos diarios tan generalizados. Tan sólo el Ayuntamiento de Madrid contabiliza cada día cerca de 13 millones de viajes.
Pero esa insistencia en que los conductores cambien de coche puede levantar sospechas de perseguir un gran negocio económico para los fabricantes de coches, ahora eléctricos. Todos los años los vehículos de más de diez años pasan la ITV y superan las pruebas de emisiones de gases. Seguro, seguro, que existen líneas de investigación que permiten reducir emisiones instalando dispositivos y artefactos en los vehículos antiguos. Pero a los adinerados mercaderes les interesa más achatarrar vehículos viejos y fabricar otros nuevos.
Pero es que, además, fabricar un coche eléctrico produce más emisiones y contaminación que construir un coche de gasolina. Eso sin contar la destrucción natural y social producida por la minería extractiva de cobalto, níquel, coltán, manganeso, litio, o la alta contaminación de las aguas que produce la fabricación de pilas. No olvidemos que la energía eléctrica que consumen esos coches tampoco es ni limpia, ni renovable, en muchos casos.
Es cierto que durante los años de funcionamiento del coche eléctrico sus emisiones disminuyen por debajo de las del coche convencional, aunque no hay que pasar por alto que las emisiones producidas por las ruedas sobre el asfalto son similares.
El problema vuelve a surgir a la hora de deshacerse de un coche eléctrico y sus monumentales baterías cuando acaba su vida útil. Imagino que volveremos a enterrar esas baterías en los mismos agujeros de los que sacamos los minerales y tierras raras con las que las construimos. O que las reciclaremos parcialmente.
Imagino que terminará pasando con los coches eléctricos lo mismo que pasa con las centrales de energía solar, o los molinos eólicos. Los gastos y los beneficios no terminan de cuadrar salvo para los que amasaron fortunas con su construcción y funcionamiento. Pero mientras tanto que el negocio continúe y que la fiesta siga. A fin de cuentas, los que no puedan entrar en Madrid serán los que no tengan dinero para comprarse un nuevo coche. No tienen voz y su voto puede comprarse y venderse. No les preocupa demasiado.
