Parece que todo el mundo ha tomado conciencia de que el acceso a la vivienda es un problema generalizado. A base de repetirlo hasta los españoles propietarios de vivienda contestan en las encuestas que eso de la vivienda es el principal problema nacional.
Con los niveles salariales raquíticos del país, con unos trabajos precarizados, no es posible acometer la compra de una vivienda y casi imposible mantener un alquiler a precios aceptables, que te permitan plantearte ahorrar para comprar una vivienda. Los precios de los alquileres superan con mucho la mitad de la renta salarial de un joven cualquiera. Lo de la conversión de viviendas y locales en pisos de uso turístico ha terminado de hundirnos en la miseria.
El Estado pone dinero, lo transfiere a las Comunidades Autónoma, para unas políticas autonómicas de vivienda que no existen, o brillan por su ausencia. El Estado maneja las políticas económicas generales, el crédito, la coordinación económica de carácter general, un poquito de planificación, pero son las Comunidades las que tienen la última palabra. La presidenta madrileña lo demuestra cada día bloqueando cualquier iniciativa del gobierno central.
Llevamos ya decenas de planes estatales de vivienda aprobados a lo largo de nuestra andadura democrática. El primero con la UCD, otros con el PP y el último con gobierno socialista. Todos ellos, planes más preocupados de dar de comer a los ladrilleros, de promover actividad económica y financiera, que encaminados a valorar el impacto sobre la demanda de viviendas disponibles y, desde luego, nada atentos a promover viviendas protegidas y mucho menos en régimen de alquiler.
A lo largo de los últimos setenta años de dictadura, desarrollismo, transición y estado democrático y autonómico se han construido más de 7 millones de viviendas con protección oficial en España. La tipología de viviendas de protección oficial ha sido, en algunos momentos del pasado la protagonista absoluta.
Casi dos tercios de las viviendas con protección oficial se construyeron durante el franquismo y el resto durante la etapa democrática. Uno de los problemas es que, pasados los años, estas viviendas pasan a ser libres y multiplican su precio. Nadie se atreve a meterle mano a esta situación, porque dentro de nuestro secular egoísmo tendente al pelotazo, no perdonaríamos electoralmente a nadie que nos cortase el grifo de comprar casa a precios razonables y vender, quince años después, cinco veces más caro, como mínimo.
Pero es que además, la crisis global de 2008, se cargó a las cajas de ahorros, las principales entidades bancarias que financiaban vivienda protegida. Los nuevos planes de vivienda se olvidaron de la vivienda con protección y sólo se dedicaron a facilitar el negocio de la vivienda privada. Ya no hay objetivos de vivienda accesible, ni en venta, ni en alquiler, ni formas claras de financiarlos.
Desde el año de la crisis los proyectos de viviendas de protección oficial se han reducido drásticamente. Desde entonces se han anunciado algunas actuaciones en materia de alquiler de vivienda para colectivos vulnerables. Algunas promociones de vivienda que terminan por tener precios de alquiler casi de mercado y con muy poca presencia de vivienda social. Entre otras cosas porque desaparecen los mecanismo de financiación. Hay comunidades autónomas, muchas, en las que la vivienda protegida prácticamente ha desaparecido.
Leyes, decretos, planes, disposiciones, objetivos de incremento de la vivienda protegida y vivienda pública, declaraciones, anuncios, jornadas, estudios. Pero nada parece mejorar. Entre otras cosas porque, durante todo el periodo democrático, ha importado poco satisfacer la necesidad de vivienda, convertirla en eje vertebrador de la política social. Lo que realmente ha importado es que el dinero circule, que el negocio inmobiliario se active, desde el suelo a la construcción y los altos beneficios empresariales.
Los presupuestos para política de vivienda son marginales, la financiación de la vivienda protegida, en propiedad, en alquiler, o directamente pública, tiende a la desaparición, especialmente después de que Ayuntamientos como el de Madrid, de la mano de Ana Botella, vendieran el patrimonio público a fondos buitre con los que hacen negocio su hijo, o su yerno.
Mantener las subvenciones está bien, pero hay que establecer mecanismos de crédito y financiación en todo plan de vivienda que se precie. La política de vivienda en España ha sido poco ejemplar, la verdad. Pero eso no debe ser obstáculo para que extraigamos lecciones y pongamos en funcionamiento instrumentos, mecanismos y recursos que contribuyan a mejorar el panorama desolador en el que nos encontramos.
No necesitamos, ni debemos, caer en el estéril debate de los precios de los alquileres, de los okupas protegidos y los inquiokupas salvados del desahucio por el gobierno. Se nos va el tiempo en banalidades, tan sólo interesantes para un tipo de izquierda trasnochada y de derecha necrosada.
Necesitamos urgentemente recursos para vivienda social, pública y protegida, en régimen de alquiler, o de compra. Y lo necesitamos ya. Sin dilaciones y sin más declaraciones inútiles y pomposas.
