Desde que se inició la crisis en el año 2007 y hasta el tercer trimestre de 2010 se produjeron en España 250.000 ejecuciones hipotecarias. Si en el primer trimestre de 2007 se produjeron 5.688 ejecuciones de hipotecas, en el primer trimestre de 2010 se produjeron 27.561. Es decir, cinco veces más.
Las personas que pierden su piso por impago de la hipoteca pertenecen a los sectores sociales más castigadas por la crisis. Personas que han perdido el trabajo, que viven una situación de paro de larga duración, inmigrantes o familias monoparentales.
El problema no queda ahí. El impago de la hipoteca conlleva el desahucio. Pero a continuación la vivienda es subastada. En el 90 por ciento de los casos la subasta queda desierta y el banco se puede adjudicar la vivienda por el 50 por ciento del valor de tasación, al tiempo que el banco puede seguir reclamando la deuda pendiente a la persona ejecutada durante el resto de su vida.
A todas luces parece una práctica abusiva y usurera por parte de los bancos, respaldada por la complicidad gubernamental que mantiene una ley que permite estas prácticas, al tiempo que se destinan miles de millones de euros de ayuda pública para salvar al sistema financiero.
No sería bueno que nuestro sistema financiero cayera en barrena, poniendo en riesgo los ahorros de empresas y familias, en una situación de crisis como la que vivimos y con unos especuladores globales dispuestos a destrozar países como Irlanda, Portugal, Grecia o España. Pero eso no justifica la condena y el castigo al que se somete a los sectores sociales más vulnerables por la crisis.
Algunas entidades catalanas, entre las que figuran CCOO y UGT, han impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para recoger más de 500.000 firmas y obligar al Congreso de Diputados a debatir y dar solución a este problema.
Una vez abierto el proceso de ejecución hipotecaria las leyes hacen difícil la defensa de las personas afectadas, así como el que pueda detenerse el proceso, salvo que la deuda se salde, o que haya errores manifiestos en los cálculos realizados por el banco. De otra parte se impide al juez entrar a valorar las circunstancias del impago, situaciones de necesidad, o condiciones abusivas de la hipoteca.
Además se permite al banco, adjudicarse la vivienda por el 50 por ciento del valor de tasación. Una tasación que encargó el propio banco y permitiendo al mismo seguir exigiendo el pago del 50 por ciento restante, más costas judiciales, e intereses generados.
Por el camino se obvian derechos constitucionales como el derecho a una vivienda reconocido en el artículo 47 de la Constitución. La subordinación de la riqueza al interés general (artículo 128), la función social del derecho de propiedad (artículo 33), o la protección de los intereses de los consumidores (artículo 51). Además el artículo 9.2 del texto constitucional mandata a los poderes públicos para asegurar que el bienestar, la libertad y la igualdad sean reales y se remuevan los obstáculos que impidan su plenitud.
La Iniciativa Legislativa Popular (IPL) plantea que la dación de la vivienda sea suficiente como pago de la hipoteca. Diversas sentencias del Tribunal Supremo reconocen esta posibilidad.
Según los propios promotores no se trata de crear una barra libre para el impago de hipotecas, sino de evitar que cientos de miles de familias queden condenadas de por vida a la deuda financiera y la exclusión social.
Hay pocos países de nuestro entorno que sitúen al ciudadano sobreendeudado, en una situación tan desprotegida. Existen iniciativas en países como Estados Unidos, para permitir que los hipotecados puedan seguir residiendo en la vivienda hipotecada, pagando un alquiler inferior al de la mensualidad de la hipoteca, precisamente argumentando que las ayudas públicas a la banca exigen como contrapartida ayuda a sus usuarios.
Lejos de encarecer el crédito, este tipo de medidas deben permitir una mayor responsabilidad bancaria en la concesión de créditos, lo cual permitiría también ajustar los precios de la vivienda, favorecer las políticas de alquiler y el mayor ahorro familiar. La política crediticia ha permitido el sobreendeudamiento de las familias, inflar los precios de la vivienda y un falso espejismo de riqueza, que ha contribuido a agudizar la crisis en nuestro país.
El coste económico y social de no hacer nada puede resultar inasumible para nuestro país. Condenar a la pobreza y la exclusión a millones de personas. Hipotecar los recursos públicos de generaciones enteras. Forzar a actuar en la economía sumergida a muchas personas que intentarán así evitar el embargo de sus recursos. Evadir impuestos y reducir los ingresos públicos.
Es esencial evitar la condena al endeudamiento de por vida. Liberar a las familias de esta condena supondría liberar unos recursos que contribuirían a reactivar la demanda interna, el consumo y la economía, ayudando a superar la crisis.
Sin duda el texto de la ILP admitirá modificaciones, pero evidencia la necesidad de abordar el problema y dar soluciones, razonables y justas, a una situación insostenible para millones de personas en nuestro país. Los más golpeados por la crisis.
Francisco Javier López Martín
