Sonaba mal, no se entendía que, habiendo aproximado posiciones en las reuniones para abordar una Reforma sobre la Negociación Colectiva, los empresarios fueran retrasando el momento de redactar un Acuerdo y firmarlo con los sindicatos. España mantiene 18.000 convenios registrados e inscritos, de los cuales sólo 6.000 siguen vivos. Es necesario simplificar esa estructura y articular el proceso negociador desde el convenio sectorial estatal, hasta el convenio de empresa, pasando por los convenios autonómicos, si empresarios y sindicatos lo consideran oportuno.
Para negociar, primero es necesario reconocerse como negociadores, por lo tanto la legitimación de los negociadores y su representatividad es un elemento importante para esta reforma, dando seguridad jurídica a lo acordado. Es decir que sea defendible ante los tribunales.
Otro elemento es que el convenio afecte a todos los trabajadores, con la única excepción del personal de alta dirección.
Acudíamos a la negociación para establecer plazos en la denuncia, negociación, sometimiento a sistemas de mediación y arbitraje cuando no hay acuerdo, preavisos y no limitación del derecho de huelga.
Regulación de la flexibilidad interna para procurar la estabilidad y calidad del empleo, en lugar de recurrir abusivamente a la temporalidad y el despido.
Fijar condiciones claras para el descuelgue empresarial de las condiciones salariales del convenio colectivo, cuando hay problemas económicos reales en la empresa. Para hacer efectivos los acuerdos laborales es necesario que las Comisiones paritarias del convenio colectivo funcionen y resuelvan los problemas de interpretación del convenio. Y cuando esto no se consigue, habría que desarrollar sistemas de solución extrajudicial de conflictos en las empresas.
Sin embargo, la cúpula empresarial con un protagonismo muy especial de la organización empresarial madrileña CEIM, encabezada por Arturo Fernández, ha decidido dinamitar el proceso negociador, tras comprobar los excelentes resultados electorales del PP en las elecciones autonómicas y municipales. Tras constatar las duras condiciones sociales y laborales impuestas por la Unión Europea a Portugal en el rescate de este país. Animados, tal vez, por un intervencionismo cada vez mayor de las instituciones europeas en las políticas de gasto, laborales, o sociales de los países miembros, como ocurre con el Pacto por el Euro o el Plan de Gobernanza, que pretenden recortar derechos, precisamente en materia de negociación colectiva.
En definitiva, la CEOE ha tumbado el Pacto sobre Negociación Colectiva. Debilitan con ello el diálogo autónomo de empresarios y sindicatos, para actuar como grupo de presión sobre los gobiernos.
Son cada vez menos fiables como contraparte, e imponen un modelo de imposición de sus planteamientos, que debilita las estructuras democráticas y la confianza de muchos ciudadanos trabajadores que no encuentran en el marco del diálogo social, soluciones a sus problemas.
Debilitar la negociación, el convenio colectivo, los derechos laborales y sindicales sólo puede enquistar problemas en las empresas y, sin cauce de solución, esos problemas agudizan el conflicto, lo endurecen, impiden su solución real.
La clase empresarial, con estos vaivenes, idas y venidas, falta de responsabilidad y el destrozo final de los acuerdos, debilita la democracia y apuesta por la ley de la fuerza, la ley del más fuerte. Un ejercicio de irresponsabilidad sin precedentes en el desarrollo democrático de los últimos años.
Tomamos nota, pero anunciamos ya nuestras intenciones. No toleraremos una vuelta de tuerca que entregue todo el poder al empresario a la hora de fijar la jornada laboral, la movilidad, el salario, o las vacaciones de los trabajadores.
Vamos a defender los derechos de los trabajadores empresa por empresa, convenio a convenio, reforzando la acción sindical de los trabajadores y trabajadoras. El conflicto se agudiza, la lucha continua.
Francisco Javier López Martín
