Los políticos han renunciado a la política. Confían sólo en que los anuncios persistentes y pertinaces, cada vez más desproporcionados e increíbles, terminen por hacer olvidar el problema. Ya no hace falta la política, porque nada depende de verdad de los políticos.
El único mundo existente y posible ya se encuentra gestionado por los CEO de las grandes corporaciones. No hacen falta los políticos. O sólo son necesarios para mantener entretenido al personal y que a nadie se le ocurra detenerse a pensar por sí mismo.
Cada año nuestros políticos estrenan un montón de anuncios en materia de vivienda. Anuncian un número de viviendas del que nadie luego vuelve a acordarse. Cuando esas promesas se producen en periodo electoral ya saben bien que nadie lee los programas, tal vez ni existen los programas, nadie volverá a sacarlos a pasear tras las votaciones.
En las pasadas elecciones municipales en la capital el partido de gobierno municipal, el PP, anunció que crearía 12.000 nuevas viviendas de alquiler a precios asequibles, mientras que la oposición del PSOE prometía que serían 15.000. Más Madrid quería construir 15.000 nuevas viviendas públicas y Podemos prometía 10.000 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler.
Por su parte VOX, que nunca promete nada concreto, más allá de quejarse y alzar la voz a lomos de un corcel, plantea que los jóvenes tienen que volver a sus barrios, sin decir cuántos, ni cómo, ni con qué recursos. Volver a sus barrios, con el anzuelo de sacar a los okupas de cualquier rincón dónde se escondan.
Madrid, la capital, tenía 3´3 millones de personas en 2020 y alcanzó 3´5 millones en 2025. Más de 200.000 personas nuevas en cinco años. Parece evidente que las promesas electorales de todos los partidos se quedan cortas para absorber la demanda generada por el crecimiento de la población madrileña.
Se construyen viviendas en Madrid, pero de precio libre, inasequibles para la mayoría de la población. Las viviendas públicas, o con protección pública, en régimen de alquiler, o propiedad, no son suficientes. Pero es que, además, mucha vivienda de alquiler ha pasado a ser propiedad de grandes inversores y se dedican al alquiler vacacional.
Nadie sabe bien cuántas. Más de 21.000 en Madrid dicen unos, más de 15.000 dicen otros. En cualquier caso la escasez de vivienda se ve recrudecida con este modelo turistificador que vivimos. Las autoridades municipales son incapaces de controlar el fenómeno, por más ideas, regulaciones y promesas que ponen en marcha.
Por eso, al final de todo, incapaces de construir viviendas, de promover su puesta a disposición de quienes las necesitan, nuestros políticos optan por mantener a okupas en las viviendas, por perseguir a los propietarios, por congelar los precios del alquiler, por mantener los anacrónicos alquileres de renta antigua que inventó Boyer y nadie ha corregido nunca de pura indolencia y vaguería.
Por esta vía, los propietarios (y no hablo de los grandes propietarios) quedan investidos como actores principales de la política de vivienda, protagonistas de los grandes debates. Sin embargo, el único gran debate es la incapacidad de nuestros gobernantes para recuperar la política de vivienda.
Y cuando se les acaba el discurso fácil deciden pasar al siguiente paso de hablar de que los servicios sociales, esos mismos desnutridos servicios sociales que mantienen de mala gana y con escasos recursos personales, se encargarán de la misión imposible de facilitar soluciones habitacionales a quienes carecen de recursos.
El mercado no existe, pero si existiese no sería libre, ni sería capaz de regularse a sí mismo. A fin de cuentas, los mercaderes son ladrones. Los hijos y yernos de parejas emblemáticas como los rancios Farmaztella, han encontrado abundante curro y excelentemente pagado, al servicio de los fondos de inversión.
Necesitamos construir promociones públicas de vivienda en alquiler, o en propiedad. Necesitamos que quienes tienen pisos puedan confiar en que alquilan con seguridad. Necesitamos limitar precios de alquiler porque la vivienda es un bien social, pero si alguien no puede pagar no tiene que ser el propietario el que subvenciona al inquilino. Deben ser los recursos públicos los que aseguran que nadie duerme en la calle.
Necesitamos recursos para que quien necesita vivienda pueda acceder a ella, sin convertirse en okupa, sin convertirse en beneficiario eterno de un estado pesebre. Necesitamos que la vivienda deje de ser negocio de fondos gestionados por parientes de la derechona política. Necesitamos más política, buenos políticos y menos sinvergüenzas campando a sus anchas y dilapidando lo que juntamos entre todos.
Mientras no lo entendamos así, la política de vivienda seguirá cargando sobre las espaldas de los pequeños propietarios. Porque a falta de políticos de los de verdad, que solucionen problemas, buenos son los engatusadores que dejan el muerto en la puerta de algún incauto. Así llevamos un puñado de años. Como si nadie hubiera aprendido la lección de la crisis de 2008.
