Acabamos de conmemorar el 200 aniversario de la promulgación de la Constitución de Cádiz, de 1812, la Pepa, la primera de las 7 constituciones españolas. Aquella que intentó transformarnos por primera vez de súbditos en ciudadanos. Dos años después, el 14 de Mayo de 1814, era derogada por decreto de Fernando VII. La fractura generada marcaría la historia de España peninsular a partir de aquel momento, con el efecto añadido de que la España Constitucional que intentaba integrar a los dos hemisferios frustraba el autonomismo americano para sustituirlo por un centralismo absolutista cuyos efectos inmediatos se dejarían sentir en los territorios americanos.
Cuando se inició el proceso de transición española yo era muy joven. El proceso que condujo a la Constitución de 1978 fue complejo y delicado. La generación anterior a la mía debió acometer aquel camino desde una voluntad de acuerdo y superación de los lastres del pasado nunca suficientemente valorada. Con un tremendo esfuerzo para vencer las resistencias internas de los sectores a los que representaban, acordaron un Pacto de Estado denominado de la Moncloa, para hacer frente a la grave situación económica derivada de la crisis del petróleo de 1973, que producía altas tasas de desempleo, una desbocada inflación, fugas de capitales, recelos de sectores empresariales, habituados al proteccionismo franquista, con un tejido productivo obsoleto y una conflictividad social y laboral en ascenso.
Los Pactos contemplaban medidas democratizadoras de carácter político y laboral, junto a medidas económicas de control de precios, masa monetaria y contención del crecimiento de los salarios, junto a compromisos inversores. Un Pacto firmado por los principales partidos políticos del Parlamento y respaldado por las organizaciones sindicales.
Recuerdo, desde mi memoria de joven de aquellos años, que el debate fue muy intenso en CCOO y UGT, pero que los responsables de ambas organizaciones supieron conducir el debate para hacer posible el proceso constitucional.
El texto de aquella Constitución deja ver hasta qué punto imperó el equilibrio en aquella generación que la alumbró. España queda definida como Estado Social y Democrático de Derecho.
Definición de Social y de Derecho que compartimos con Estados como el Alemán que compromete el esfuerzo prioritario del Estado en el fortalecimiento de derechos sociales esenciales, para poder participar como ciudadanos y ciudadanas libres en la política y en la sociedad. Derechos como la salud, la educación, la vivienda, los servicios sociales, el trabajo, la cultura, el medio ambiente, la protección por desempleo, o para las personas mayores o discapacitadas.
Para hacer posible el Estado social, el artículo 6 define a los partidos como instrumentos de expresión del pluralismo político, e inmediatamente el artículo 7 define a los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como instrumentos para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales.
El artículo 9 mandata a los poderes públicos a promover la libertad y la igualdad de individuos y grupos, facilitando su participación en la vida política, económica, cultural y social.
La libertad sindical es constitucional, el derecho de huelga es constitucional, el derecho de manifestación y de reunión es constitucional.
El derecho sindical a participar en las políticas públicas es constitucional. No de otra manera puede interpretarse el artículo 131 de la Constitución. Desde la visión constitucional la legitimidad política se ejerce en correspondencia con la legitimidad social. Se revalida en el diálogo permanente entre política y sociedad. Cada día.
Una segunda generación democrática aprendimos aquella lección y asumimos nuestras tareas políticas, empresariales, sindicales, desde la conciencia de que el conflicto económico, social, laboral, es inevitable.
Pero que debe expresarse a través de los cauces democráticos de la manifestación, o la huelga, la libertad de expresión y el debate político y social. Que debe contar con instrumentos permanentes, institucionales, de negociación y búsqueda del acuerdo.
Durante décadas hemos construido una arquitectura, un urbanismo, del diálogo social que ha creado instituciones como los Consejos Económicos y Sociales, los organismos de solución extrajudicial de conflictos, estructuras articuladas de la negociación colectiva, organismos de participación empresarial y sindical en aquellas políticas públicas que afectan a trabajadores y empresarios, como el empleo, la formación, la salud laboral, o las pensiones.
Hemos producido Acuerdos de Negociación Colectiva, Acuerdos de Pensiones y Seguridad Social, Acuerdos Económicos, o sociales como la Atención a la Dependencia, los salarios sociales, o las Pensiones No Contributivas. Acuerdos Educativos, en materia sanitaria, o en prevención de riesgos laborales. Acuerdos de Empleo que para sí hubieran querido otros países de nuestro entorno y que hemos explicado en otros lugares del planeta, como una América Latina, siempre atenta a nuestro modelo de construcción democrática.
En estos momentos, con la disculpa de la crisis y, pese a nuestras reiteradas demandas de un Pacto de Estado por el Empleo y contra la Crisis. Cuando una tercera generación democrática se prepara para asumir las responsabilidades políticas, empresariales, sindicales, la arquitectura del diálogo social se encuentra amenazada y cuestionada como nunca antes lo había estado a lo largo de las tres últimas décadas. La imposición sin negociación parece abrirse camino.
Cualquier observador externo entiende que este país tiene un problema de empleo, propiciado por un modelo de crecimiento demasiado centrado durante décadas en el sector inmobiliario, la especulación urbanística, el fraude fiscal, y el alto consumo interno a costa del sobreendeudamiento de familias y empresas.
Podríamos ponernos de acuerdo en repensar nuestro modelo productivo para las próximas décadas, mejorando nuestra capacidad de innovación en nuestros productos y la calidad de nuestros servicios.
Ponernos de acuerdo en que necesitamos mejorar nuestros ingresos fiscales, persiguiendo el fraude y reformando nuestro sistema fiscal para hacerlo más justo y equitativo.
Necesitamos que las familias y empresas accedan al crédito y para ello tenemos que abordar una Reforma en profundidad de nuestro sistema financiero.
Necesitamos, en tiempos de crisis, consolidar el Estado Social, los derechos sociales. Nuestra sanidad, nuestras pensiones, la protección por desempleo, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia, el acceso a la vivienda, para evitar fracturas sociales difíciles de recomponer.
Tenemos que restituir la confianza de la sociedad en la política, en las organizaciones, en las instituciones. Necesitamos combatir la corrupción, fomentar la transparencia y la participación de la sociedad en las políticas que afectan a la ciudadanía. La ciudadanía de forma pacífica y libre ha reclamado en las calles estas reformas que España necesita.
Responder a estos problemas y necesidades con una reforma laboral impuesta, que sustituye el derecho del trabajo por el derecho del empresario. Que abarata y facilita el despido. Que precariza el empleo y que destroza el sistema de negociación colectiva y el papel ordenador del convenio colectivo con respecto a las relaciones laborales, no nos moderniza, no nos acerca a Europa, sino que nos conduce hacia China, convirtiéndonos en androides corredores en el filo de la cuchilla, premonición de la ciudad del caos, de la ciudad miseria de Blade Runner.
La Huelga General del 29 de Marzo no es un escenario al que temamos. No es tampoco un escenario que hayamos deseado, ni querido. El 19 de Febrero, el 29 de Febrero, el 8 de Marzo, el 11 de Marzo, hemos convocado manifestaciones masivas contra la Reforma Laboral y los Recortes sociales, en las que hemos reclamado negociación para acordar que los sacrificios sean equilibrados y compartidos.
Contra lo que algunos afirman, ésta no es una Huelga contra España, sino una Huelga para unir a la ciudadanía española frente a la crisis, por el empleo y por una salida justa y social de la misma. Será una demostración impresionante del malestar social y laboral ante una política que ha dejado de mirar y pensar en la ciudadanía, para entregarse en manos de quienes, sin someterse a elecciones, se alzan sobre la política e imponen medidas que empobrecen a los pueblos y derogan los derechos.
Antes, durante y después de la Huelga General, la mano seguirá tendida. Quienes hoy nos gobiernan deben entender que el momento crítico que vivimos no puede ni debe resolverse mediante decretazos, que deroguen el Pacto Constitucional de 1978. Las trabajadoras y trabajadores de hoy no merecemos dejar de ser ciudadanía para ser súbditos. La generación que se prepara para asumir nuestro relevo, merece una herencia en la que el esfuerzo colectivo para solucionar la crisis, el paro, los conflictos, se encuentre presidido por la negociación, la búsqueda del Acuerdo, el diálogo social, la unidad y el esfuerzo compartido.
La Huelga General del 29 de Marzo, las impresionantes manifestaciones que recorrerán las calles ese día, no son un fin en sí mismo, no serán el fin de nada. Serán una etapa más en un largo proceso, sin duda duro, pero que debe permitirnos superar la crisis y el paro fortaleciendo la democracia y los derechos laborales y sociales constitucionales. Derechos básicos que hay que preservar cada día del año.
Francisco Javier López Martín