Se acabaron las vacaciones, más o menos movidas. Se acabaron los problemas y los gastos de las familias derivados de la conciliación de la vida laboral y familiar. Volvemos a la rutina otoñal de llevar a los hijos al cole, llegar apurados al trabajo, correr para recoger niños, desplegar actividades extraescolares, baños, cenas, cuento en su caso y a dormir. Dejo para más tarde la ocupación del sofá, en función de los usos y costumbres de cada familia.
Madrid es una comunidad rica, la más rica de España, en términos de Producto Interior Bruto (PIB), pero no por ello su situación es mucho mejor cuando hablamos de educación. Los resultados de Madrid en términos brutos son los mejores de España, en el famoso Informe PISA. Pero una vez depurados esos datos en función de los resultados económicos y sociales de las familias, Madrid pasa a ocupar un lugar comparable al de otras comunidades menos ricas pero que invierten más en educación, como Castilla y León.
Pero la situación de Madrid no sólo se justifica porque sea la comunidad que menos invierte por alumno, sino también porque, pese a los esfuerzos de las familias, la falta de inversión del gobierno Ayuso amenaza con hacer estallar las costuras de una educación sometida a cada vez mayores tensiones.
Madrid ha vuelto a la rutina educativa. Más de 1´2 millones de alumnos se han incorporado a las aulas. Más de 1´5 millones si contabilizamos los estudiantes universitarios. El malestar es generalizado y colectivo. Mucha declaración y promesa política y poca realidad en materia de carencias estructurales y organizativas.
Se quejan en los centros madrileños de que, una vez más, comienzan con plantillas incompletas, lo cual origina retrasos notables en asignación de asignaturas y reparto de horarios. Y todo ello en instalaciones que no cuentan con climatización, anticuadas, deterioradas. Toda inversión es poca para Quirón, para la Fórmula 1, o para escuela privada. Nunca llegan las inversiones que permiten mejorar infraestructuras y dotaciones de personal de la escuela pública.
Con la amenaza de movilizaciones y con el anuncio de una huelga general indefinida en la educación madrileña, la presidenta Ayuso se ha liado la manta a la cabeza y anunciado una supuesta “carrera profesional horizontal docente”, que viene a ser un nuevo reconocimiento de sexenios, reconvertidos en seis grados progresivos, que reconocerán, a gusto de la administración, el desempeño de tareas educativas, los méritos discrecionales y la participación en procesos de formación, que permitiría alcanzar una retribución máxima de 350 euros mensuales.
Está claro que se trata de un parche de última hora que no parece que vaya a solucionar la brecha salarial de Madrid con respecto a la mayoría de comunidades autónomas, que oscila entre los 300 y los cerca de 600 euros menos, dependiendo de las comunidades con las que nos comparemos. Como tampoco soluciona la burocratización del sistema educativo madrileño, ni el estrés laboral crónico.
Iniciamos el curso con el despertar de un conflicto laboral enquistado que anuncia el final de una larga etapa de desencuentro entre gobernantes y comunidad educativa. El anuncio de la huelga a partir del 14 de octubre en la enseñanza madrileña para exigir mejoras retributivas, disminución del número de alumnas y alumnos por aula, la reducción de horarios lectivos está marcando el inicio de curso.
Así las cosas, si el gobierno Ayuso decide atrincherarse en un ático de indiferencia, desidia y desatención a los problemas de los centros educativos, el conflicto está servido y la huelga será su expresión inevitable.
