El Gobierno de Madrid, el Gobierno de España, la cúpula patronal, la CEOE, están perdiendo la batalla de la explicación de la Reforma Laboral, del decretazo impuesto por Mariano Rajoy, 100 días antes de cumplir su periodo de gracia del que parece gozar cualquier gobierno.
Mira que se aplican a la defensa de la Reforma Laboral. Mira que Arturo Fernández, el cabeza visible de la patronal más ultramontana, se prodiga en tertulias. Y pese a ello, la ciudadanía, incluida la que votó PP, ha entendido perfectamente que esta reforma laboral abarata y facilita el despido y entrega todo el poder al empresario.
Cuanto más leen los contenidos de la Reforma Laboral, más entienden las personas que trabajan que su empleo está en vilo. Más entienden las personas paradas que no tendrán empleo. Más entienden nuestros jóvenes que no tendrán futuro. Más entiende la ciudadanía que somos los parientes pobres de la democracia, como diría Marcelino Camacho.
Por eso Gobierno y empresarios van a la segunda fase antihuelga. Van a intentar abrir el debate de los servicios mínimos.
No se puede contraponer el derecho de huelga con el derecho al trabajo, como de forma burda pretenden algunos políticos y empresarios. El derecho al trabajo, es el derecho constitucional a tener un trabajo con el que ganarse la vida. Un derecho que no se respeta ningún día del año para 5,3 millones de personas paradas, ni para cuantos tienen un trabajo precario que no garantiza un salario, ni una vida digna.
El derecho al trabajo, por ejemplo no se ve afectado por un día de huelga general, en el que el derecho a la huelga es el que debe ser protegido. Como el derecho a la educación no se ve afectado por no tener clase en domingo.
Así lo establecen reiteradamente los jueces que han dictado 30 sentencias en los últimos 12 años anulando servicios mínimos dictados por la Comunidad de Madrid en casos de huelgas. 20 de estas sentencias anulatorias se han producido durante el periodo de Gobierno de Esperanza Aguirre.
Las sentencias se producen años después de haberse realizado la huelga, anulan los servicios mínimos dictados, pero el libre ejercicio del derecho de huelga ha sido impedido sin consecuencias civiles, ni penales, para quienes decretaron servicios mínimos a sabiendas de que serían anulados.
Porque lo único que hay que preservar tal como mandata la Constitución en día de huelga, es el propio derecho de huelga y los servicios esenciales, es decir aquellos que hay que garantizar todos los días del año porque afectan a la seguridad o salud de las personas.
El que haya huelga no debe impedir que una persona enferma pueda verse atendida, que los delitos no puedan cometerse, o que un incendio sea apagado. Básicamente que funcione cuanto funciona un domingo o festivo para atender esas necesidades esenciales.
Queremos establecer estos servicios mínimos en servicios esenciales por acuerdo. El Gobierno de Esperanza Aguirre que en anteriores ocasiones ha endurecido los servicios mínimos, superando lo acordado en otros ámbitos, como el Ministerio de Fomento, ha adoptado una actitud negociadora que ha concluido en un Acuerdo razonable sobre servicios mínimos en servicios esenciales. Funcionara un tercio del Metro y una cuarta parte de los autobuses. La sanidad funcionará a nivel de domingo, respetando las pruebas y tratamientos de cáncer o de diálisis. Funcionarán los bomberos y en materia educativa los centros residenciales y un porcentaje de los centros que atienden a personas discapacitadas.
Hubiera sido irresponsable, decretar de nuevo, imponiendo unos servicios mínimos abusivos, a sabiendas de que serían posteriormente anulados por los tribunales. El Acuerdo alcanzado es muy razonable y contribuye a la sensatez y normalidad que debe presidir el ejercicio del derecho constitucional a la Huelga.
Francisco Javier López Martín